Asempleo reclama un cambio en el modelo de colaboración público-privada
ASEMPLEO considera que es necesario, por una parte, dotar, con carácter urgente, de recursos suficientes al conjunto de las Políticas Activas de Empleo y, dentro de estas, los programas destinados a facilitar la rápida colocación de los 4.200.000 desempleados registrados. Estos programas, gestionados por los Servicios Públicos de Empleo (estatal y autonómicos) deberían orientarse a poner en marcha itinerarios personales de inserción que cuenten con una diagnosis individualizada de las necesidades de cada demandante de empleo, una orientación profesional adecuada y un plan activo de búsqueda de empleo que incluya la inmersión en experiencias laborales.
Este planteamiento se deriva de las Recomendaciones específicas de la Comisión Europea, que indican que España debe aplicar rápidamente medidas que incluyan:
– Mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo.
– Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado y eficaz, que proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de larga duración.
– Garantizar la aplicación eficaz de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación.
Incluso contando con el mantenimiento de la intensificación en la creación de empleo experimentada en los tres últimos trimestres de 2014, España no alcanzaría una tasa de paro cercana al 17% antes de 2.023.
Además, las necesidades específicas de diversos colectivos con riesgo de exclusión del mercado laboral, como es el caso de los parados de larga duración (61% del total de los desempleados), los menores de 25 años desempleados(con una tasa de paro superior al 51%), los parados mayores de 45 años (33% sobre el total ) y las personas en busca de primer empleo, hace imprescindible abordar una situación que se ha manifestado insostenible desde el punto de vista social y que puede comprometer el ritmo de la recuperación económica.
ASEMPLEO considera que es necesario, por una parte, dotar, con carácter urgente, de recursos suficientes al conjunto de las Políticas Activas de Empleo y, dentro de estas, los programas destinados a facilitar la rápida colocación de los 4.200.000 desempleados registrados. Estos programas, gestionados por los Servicios Públicos de Empleo (estatal y autonómicos) deberían orientarse a poner en marcha itinerarios personales de inserción que cuenten con una diagnosis individualizada de las necesidades de cada demandante de empleo, una orientación profesional adecuada y un plan activo de búsqueda de empleo que incluya la inmersión en experiencias laborales.
Este planteamiento se deriva de las Recomendaciones específicas de la Comisión Europea, que indican que España debe aplicar rápidamente medidas que incluyan:
– Mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo.
– Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado y eficaz, que proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de larga duración.
– Garantizar la aplicación eficaz de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación.
Este reto no puede abordarse sin el concurso de todos los agentes especializados. Especialmente de las Agencias Privadas de Empleo, como los operadores más cualificados y con mayor capacidad demostrada de actuación, que pueden colaborar con los Servicios Públicos potenciando su alcance.
Por otra parte, en el caso de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), se está desaprovechando su capacidad de inserción en el mercado de trabajo y como trampolín al empleo indefinido. Las ETT cuentan con más de 800 oficinas en España, con 5.600 profesionales especializados y con un volumen de contrataciones que superaron, en 2014, los 2.600.000 contratos y 550.000 candidatos únicos. Hay que tener en cuenta que cerca del 40% de los trabajadores contratados a través de una Empresa de Trabajo Temporal se han acabado incorporando a la plantilla de las empresas usuarias gracias a la efectividad de los procesos de formación y ajuste puesto/persona. En contraste, únicamente el 2,3% de la colaboración público-privada en materia de empleo, confiado a las agencias de colocación, ha sido gestionado en 2014 por ETTs.
La experiencia, hasta el momento, del modelo de colaboración público privada implantado en España, con notable retraso con respecto al resto de la Unión Europea, con una dotación de en torno a los 65 millones de euros, sobre un total de más 4.000 millones dedicados a Políticas Activas de Empleo, demuestra la necesidad de
– Disponer de una segmentación o clasificación de las agencias según su especialización acreditada y orientadas la lograr una mejora en la empleabilidad de los trabajadores desempleados. Esta clasificación debería diferenciar entre especialistas en prevención de la exclusión social y expertos en inserción laboral.
– Introducir mayor exigencia en cuanto a la capacidad, los recursos, la experiencia y cualificación exigidas a las agencias y sus posibilidades de actuar integralmente a lo largo de los itinerarios personalizados y acceder a ofertas de empleo.
– Considerar el número y la calidad de las colocaciones realizadas por las agencias con anterioridad.
ASEMPLEO ha trasladado al Gobierno la necesidad de acometer esta reforma urgente del modelo de Agencias de Colocación y del marco de colaboración público privada en materia de empleo para lograr los resultados que demanda la realidad del mercado de trabajo y la situación de las personas desempleadas.